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EN UN ENCUENTRO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID CONVOCADO POR LA PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II

Acuerdo por una GESTIÓN PÚBLICA, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA del Ciclo Integral del Agua

Por una gestión 100% pública del ciclo integral del agua, transparente, participativa, sostenible, respetuosa con las competencias municipales y vinculada al derecho humano al agua.
12/10/15
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El resultado de las pasadas elecciones autonómicas y locales configura un escenario político sustancialmente distinto al precedente, especialmente en el ámbito local, en la medida en que son numerosas las ciudades, incluso las más populosas como Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca, A Coruña, Valladolid, etc., gobernadas por alternativas de progreso. Esto está suponiendo en el ámbito de los servicios del agua una consolidación del Pacto Social por el Agua (#iniciativaagua2015), impulsado por la Red de Agua Pública (RAP), en el que participan más de 300 organizaciones sociales y partidos políticos, entre los que se encuentran Podemos, PSOE, IU, Equo y UPyD, y que propone la remunicipalización de los servicios del agua privatizados y la adopción de un nuevo modelo de gestión público, democrático, participativo y vinculado con el derecho humano al agua.

Asistimos al fortalecimiento de la marea azul, que está llevando a decenas de ayuntamientos a rescatar los servicios privatizados o aprobar medidas para blindarlos ante posibles privatizaciones, como es el caso de Santiago de Compostela, Valladolid, Sevilla o Vitoria. Incluso se están realizando los primeros contactos para constituir una red española de ciudades por el agua pública.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el anterior gobierno del PP implantó, con la creación de Canal de Isabel II Gestión SA, un modelo de gestión mercantil, con ánimo de lucro, de funcionamiento opaco y depredador con el patrimonio y las competencias municipales. A través de la firma de los Convenios de adhesión al modelo de gestión privatizado, se puso en marcha una operación de vaciamiento de las competencias municipales en materia de abastecimiento y saneamiento que ha convertido a los ayuntamientos en meros clientes de la sociedad anónima.

Además, con el objetivo de maximizar los beneficios y de hacer más atractiva la sociedad a los potenciales accionistas privados, Canal Gestión S.A. ha estado realizando actuaciones muy agresivas en reducción de costes y de incremento de los márgenes de rentabilidad, consiguiendo beneficios de 556,77 M€ desde su fundación en julio de 2012 hasta 2014, de los que 431,97 M€ (77,6%) se destinaron al reparto de dividendos. Para ello, se está saqueando literalmente el Canal, mediante la drástica reducción de los gastos de personal (bajos sueldos, precariedad, disminución de la cualificación, externalizaciones), la reducción de las inversiones y de los gastos de mantenimiento, el incremento de tarifas, la reducción de las reservas de la entidad y el incremento de su deuda; aspectos que ponen en peligro la sostenibilidad del Canal y su naturaleza pública, y que están incidiendo ya en una disminución de la calidad en los servicios prestados.

Por otro lado, asistimos a un aumento progresivo del número de cortes y condenas de suministro de agua por impago desde la creación de Canal Gestión S.A., motivado tanto por las dificultades económicas en que se encuentran muchos ciudadanos como al endurecimiento de las políticas de cobro en la sociedad mercantil. Sin embargo el agua debe contemplarse como un derecho humano en los términos definidos por las Naciones Unidas que se configura como un derecho a la prestación del servicio garantizado por los poderes públicos, guiados por los principios de igualdad, equidad y no discriminación, a través de una gestión sostenible, participativa, transparente, con acceso a la información y con rendición de cuentas. Esto implica garantizar el suministro de una dotación mínima para cada ciudadano y, por lo tanto, asumir el compromiso de no cortar el agua en caso de impagos justificados social y económicamente.

La situación de Canal Gestión es crítica y sus políticas regresivas deben sufrir un giro radical. Hoy, tras las elecciones autonómicas y locales, se dan las condiciones políticas y sociales para revertir esta situación.

En la Asamblea de Madrid el PP ha perdido la mayoría absoluta y el resto de partidos que la componen (PSOE, Podemos y Ciudadanos) son permeables a cambiar el modelo de gestión del Canal. A nivel local, las candidaturas progresistas han dado un salto cualitativo gobernando en muchos de los ayuntamientos más poblados de la región y consiguiendo en el resto avances significativos. Además existe un amplio consenso en la sociedad madrileña sobre el nuevo modelo de gestión que debe informar el Canal: 100% público, no mercantil, transparente, participativo, sostenible y respetuoso con las competencias de los ayuntamientos, tal como se recoge en el Acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, al que se han adherido cerca de cuarenta asociaciones, organizaciones sociales y partidos políticos, cuyo texto completo se adjunta.

El cambio es posible si somos capaces de coordinar los esfuerzos de todos los actores que están por este objetivo. Los ayuntamientos, porque son los titulares de los servicios del ciclo integral del agua, por su representatividad y su fuerza institucional, constituyen un pilar central en la recuperación de la gestión pública y en la implantación del derecho humano al agua, como así está sucediendo en otros territorios del estado español. Su confluencia con la sociedad civil puede hacer realidad la recuperación del Canal de Isabel II por parte de los ciudadanos de Madrid, sus legítimos propietarios a lo largo de la historia.


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