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Ingreso M?nimo Vital

Declaraci?n de Granada

09/06/20 -

IMV: cuestión de justicia

A partir del 15 de junio se puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital, un nuevo derecho que se ha diseñado de manera precisa para erradicar la pobreza y mejorar la vida de los más vulnerables.
09/06/20 - -

 

El Ingreso Mínimo Vital, que empezará a cobrarse este mes de junio y donde más del cincuenta por ciento de los beneficiaros será para hogares que no superan la cifra de 310 euros al mes por unidad de convivencia, permitirá a nuestro país actuar sobre la pobreza extrema y en concreto sobre la pobreza infantil. Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos. Por lo tanto, la prestación es una herramienta para facilitar la transición de los individuos, desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos, hacia una situación en la que estos puedan desarrollarse con plenitud en la sociedad.

 

Frente al peyorativo y despreciable término de ‘la paguita’ que la oposición viene utilizando en el Congreso para deslegitimar esta medida de cohesión social; frente a la demonización y amenaza de lo extranjero, que tanto necesitamos cultural y económicamente y que no se sostiene además por los propios requisitos para acceder a la prestación; y frente al posicionamiento infundado del efecto de desincentivación del empleo, España ha dado un paso adelante no sólo en la lucha por erradicar la pobreza, sino en la implementación de un mecanismo protector e incentivador de la búsqueda de empleo, que permitirá a las familias más vulnerables adquirir cierta autonomía para el mismo, y que a su vez, generará una desincentivación de la economía irregular e informal.

 

Bien lo sabe un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional, cuyo portavoz, Gerry Rice, señaló que “las enérgicas medidas del gobierno español para proteger los ingresos de las personas durante la pandemia son enormemente bienvenidas”. Y aunque apunta que será necesaria una revisión a fondo a medio plazo para ver como se integra este nuevo derecho en el presupuesto, “la introducción del IMV es una importante contribución para aumentar la red social”. Además, la Biblia del liberalismo, The Economist, enfatiza que que este plan es algo “grande y permanente para intentar arreglar el problema de larga duración que tiene España con la pobreza, en parte porque los sucesivos gobiernos se decantaron más por las infraestructuras que la ayuda social”.

 

Los datos demuestran que España tiene uno de los niveles de pobreza más altos de la Unión Europa y con la aplicación del Ingreso Mínimo Vital se espera reducir la pobreza extrema en hogares monoparentales en un 90%, y en los hogares con hijos en un 70%. Por otro lado se ha identificado que los 50% de los hogares beneficiaros incluye a menores y el 30% de las personas beneficiarias son menores de edad. Un segundo problema en estos hogares es que entran con facilidad en lo que se llama trampa de la pobreza. Ahora mismo, como sociedad, no somos capaces de integrarlos y no somos capaces de llevarlos a una situación mejor en el mercado de trabajo o con itinerarios de inclusión laboral y social.


 

Además, hay que dejar claras una cuentas cuestiones respecto a los beneficiarios de este derecho. La primera que es es necesario tener residencia legal y efectiva en España y haberla mantenido durante al menos un año antes de la solicitud; las unidades de convivencia que soliciten el IMV deben haberse constituido, en el caso de una persona que viva sola, al menos tres años antes de la solicitud y si es una pareja el plazo es de un año. Para poder pedirlo hay que probar que se carecen de los ingresos mínimos suficientes y, en caso de no tener empleo, estar apuntado al paro y demostrar que se está buscando trabajo de manera efectiva.

 

Una vez más el PSOE se sitúa del lado del fortalecimiento del Estado de Bienestar. Se hizo en su día con la educación pública en 1985, se hizo con el reconocido Sistema Nacional de Salud en 1986, y se hizo en 1990 con el sistema público de pensiones, en especial de las pensiones no contributivas de jubilación. En 2020, los socialistas impulsan esta medida y se hace por que la marginación, la falta de cohesión social, la falta de oportunidades, la desigualdad, la incapacidad de tener sistemas que no permiten la reinserción laboral, son sencillamente inasumibles para el crecimiento económico. Queda camino por recorrer, pero esta inversión social que representa solo un 0,6% de los ingresos públicos de 2019, supone situarnos en gasto social a la altura media de países de la UE como Finlandia, Bélgica, o Italia.

 


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