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Congreso contra la pena de muerte

JOSÉ RAMÓN Villanueva Herrero 09/06/2013
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Durante los próximos días 12 al 15 de junio tendrá lugar en Madrid el 5° Congreso Mundial contra la pena de muerte, organizado por las principales asociaciones abolicionistas internacionales, con la presencia prevista de representantes de más de 90 países y patrocinado por el Gobierno de España y los ministerios de Asuntos Exteriores de Noruega, Francia y Suiza.

Largo y tenaz ha sido el camino del movimiento abolicionista que, en los últimos años, ha logrado que se pasase del 20 al 70 % el número de países que han renunciado a aplicar la pena de muerte. Todo empezó en el congreso mundial que tuvo lugar en Estrasburgo en 2001 y que congregó a miembros de la sociedad civil, políticos y juristas para elaborar estrategias abolicionistas (tanto a nivel nacional como internacional) así como para recordar que la supresión de la pena de muerte es una exigencia de toda sociedad basada en el progreso y la justicia. En este primer congreso, se constituyó la coalición mundial contra la pena de muerte (de la cual hoy forman parte 138 organismos diversos) y se instituyó el 10 de octubre como Día mundial contra la pena de muerte. A partir de entonces, el movimiento abolicionista se fue consolidando en sucesivos congresos que tuvieron lugar en Montreal (2004), París (2007) y Ginebra (2010).

ESPECIALMENTE reseñable resulta la aportación española al congreso de Ginebra (2010), inaugurado con un importante discurso de Zapatero, entonces presidente del Gobierno español, en el que además de ofrecer el compromiso de España para organizar en Madrid el quinto congreso mundial, propuso, inspirado en el calendario de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el ambicioso horizonte de lograr una moratoria universal a la aplicación de una pena de muerte que debería de entrar en vigor en 2015, como etapa previa a la abolición definitiva de la misma en las respectivas legislaciones penales en aquellos países que todavía la contemplan, los llamados Estados "retencionistas".

Otra de las propuestas de Zapatero fue la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte como instrumento catalizador de las acciones abolicionistas de la sociedad civil. En la actualidad, dicha Comisión es un órgano independiente de los gobiernos, está presidida por Federico Mayor Zaragoza y entre sus objetivos figuran el de promover la abolición con cambios legislativos, la aplicación de la citada moratoria universal y el cese de las ejecuciones en los diversos países donde estas se llevan a cabo.

Mucho se ha avanzado en estos últimos años por parte del movimiento abolicionista mundial, pero la labor continúa siendo larga y difícil. En la actualidad hay 97 países abolicionistas, además de otros 8 donde la pena de muerte no se aplica a los delitos comunes y 35 que son abolicionistas de hecho frente a los 58 estados retencionistas que todavía mantienen la pena capital en sus respectivas legislaciones y cuyo mapa se extiende por EE UU (solo son abolicionistas 17 de sus 50 estados), Cuba, Guatemala, Guyana, Jamaica, además de la mayor parte de los países africanos, de Oriente Medio y de Asia, mientras que en Europa solo queda el estigma de Bielorrusia, donde sigue vigente.

Cierto es que los avances abolicionistas ha permitido que el pasado 2012 la pena capital se haya suprimido en países como Benin, Mongolia, Letonia o en los estados norteamericanos de Illinois y Connecticut. Pero todavía persiste en esos 58 países retencionistas, los cuales no solo son regímenes autoritarios o dictaduras diversas, sino también democracias plenas como EE.UU. o Japón y en todos ellos sus gobiernos alegan que esta cuestión concierne únicamente a su legislación interna: frente a este argumento, hay que recordar que la aplicación de la máxima pena infringe no solo la legislación penal internacional sino los principios fundamentales del Derecho: en la Utopía de Tomás Moro, este humanista del XVI ya rechazaba la aplicación "legal" de la pena de muerte.

En cuanto a datos concretos, según Amnistía Internacional, en 2011 se ejecutó "legalmente" a 676 personas en 20 países, cifra que se elevaría de disponer de los datos de China, cuyo Gobierno no los facilita y donde las ejecuciones se estiman en torno a 5.000 anuales. A estas cifras habría que añadir que, en ese mismo año, 1.923 personas fueron condenadas a muerte en 63 países, quedando a la espera de la misma o de su conmutación en los "corredores de la muerte".

ASÍ LAS COSAS, el quinto congreso iniciará su andadura en los próximos días en Madrid, enfocado de forma especial hacia la situación en el mundo árabe y africano. De este modo se pretende lograr la implicación de las Organizaciones Intergubernamentales (OIG), la sociedad civil y los gobiernos para conseguir nuevos avances hacia su abolición total. Está prevista la celebración de sesiones plenarias, mesas redondas y talleres que tratarán desde la situación en California o China, hasta la necesidad de concienciar sobre la abolición en los sistemas educativos, o las consecuencias del terrorismo sobre las estrategias abolicionistas.

Y es que, como señalaban los organizadores, "a pesar de los avances conseguidos en las últimas décadas, los desafíos son muchos todavía. Nuevas perspectivas se presentan para los actores de la abolición y las estrategias deben de ser reinventadas para hacer avanzar los últimos nudos resistentes".

Al igual que durante el siglo XIX los abolicionistas lucharon para acabar con la lacra de la esclavitud, este es el momento para abolir de forma definitiva ese otro escarnio para la conciencia de la Humanidad que significa la existencia "legal" de la pena de muerte. Esperemos que en este congreso mundial se logren avances significativos para tan noble causa y que resume el lema del mismo: Abolición de la pena de muerte, ahora.

Fundación Bernardo Aladrén-UGT Aragón


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