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Nuevo año, nuevo recorte de pensiones

Nacho Álvarez Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid Miembro del Consejo Asesor de la Fundación VientoSUR
04/01/13
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Durante las pasadas elecciones generales Rajoy repitió incansablemente
que no tocaría las pensiones. Y sin embargo lo ha hecho. El Gobierno
cruza con ello la que era su última línea roja. Con su decisión de no
cubrir la desviación respecto de la inflación en 2012, el ejecutivo hace
retroceder un 2% la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Estos
dejan de ingresar unos 220 euros de media en 2012, al tiempo que
dicho recorte se consolida en años sucesivos al no incorporarse la
actualización a la base de cálculo de las pensiones en 2013.
Se recortan de este modo los ingresos del sector más vulnerable de la
sociedad, ingresos de los que hoy día dependen no sólo los propios
pensionistas, sino millones de familias desempleadas. El Gobierno
atiende así a las presiones de la patronal y la troika, que abogaban por
congelar las pensiones para cumplir con el objetivo de déficit impuesto
por Bruselas. Como elocuente señalaba el ministro Gallardón hace unos
días: “Gobernar, a veces, es repartir dolor”.
No obstante, este recorte de las pensiones públicas no es el único que
figura en la agenda del ejecutivo. El Gobierno del Partido Popular
prepara para este año un endurecimiento de algunos de los recortes ya
contenidos en la reforma que en 2011 acordaron el Gobierno de
Zapatero, CCOO, UGT y la patronal.
Esta reforma, que entró en vigor el pasado 1 de enero, contempla como
es sabido elementos muy lesivos para las y los trabajadores: de forma
general, eleva la edad de jubilación desde los 65 años hasta los 67,
aumenta el periodo de cotización exigido para jubilarse con el 100% de
la base reguladora (hasta los 37 años en lugar de los 35 actuales), e
incrementa los años para el cómputo de la pensión desde los 15 actuales
hasta 25. Así, esta reforma establece un listón inalcanzable para
millones de trabajadores (especialmente mujeres y jóvenes) que, con
carreras laborales inestables y bajas cotizaciones, verán notablemente
mermadas sus futuras pensiones.
El Gobierno de Rajoy ha anunciado su intención de retrasar la edad de
las jubilaciones anticipadas, elevando las forzosas hasta los 63 años y
las voluntarias hasta los 65. Además, el Gobierno quiere acelerar el
ritmo al que se tiene previsto implantar la elevación de la edad de
jubilación a los 67 años (transición que debería completarse en 2027).
Esta nueva agresión contra el sistema público de pensiones se prepara
con los mismos argumentos que han dirigido las reformas anteriores: se
cuestiona, una vez más, la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, los
datos hablan por sí mismos.
En primer lugar, la jubilación anticipada no cuestiona la sostenibilidad
del sistema de pensiones, puesto que quienes se acogen a ella sufren
una reducción en su pensión –durante toda la duración de la prestación–
del 7% por año de adelanto. Por otro lado, la pretensión de acercar la
edad real de jubilación a la edad legal debiera tener en cuenta que la
primera se sitúa en España en los 63 años, una de las más altas de la
Unión Europea (cuya media está en los 61,5 años).
Según datos de Eurostat, el sistema de pensiones de España es uno de
los más baratos de la UE. El gasto público español en pensiones fue en
2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante (equivalente
al 10,7% del PIB). Esta cifra es muy inferior a los 2.769 euros de gasto
medio en la UE (13% del PIB), los 3.421 euros de Alemania (12,8% del
PIB), los 3.658 Francia (14,4% del PIB) o los 3.295 de Italia (16% del
PIB). Es más, en España el 70% de las pensiones no superan los 1.000
euros mensuales, de modo que la pensión media contributiva es un 25%
inferior a la media de la UE, y la no contributiva casi un 50%.
El hecho de que el porcentaje del PIB dedicado al gasto en pensiones
haya aumentado en España entre 2007 y 2012 (incrementándose en un
2% aproximadamente) no se debe a la “insostenibilidad” del sistema,
sino a la propia crisis económica y a la gestión que se ha hecho frente a
ella. Así, son las medidas de recorte fiscal que imponen el Gobierno y
Bruselas las que siguen expulsando cotizantes del mercado de trabajo,
las que hunden la demanda agregada y las que con ello deterioran las
cuentas de la Seguridad Social. De hecho, hasta la llegada de la crisis el
sistema público de pensiones no presentaba problema alguno, e incluso
acumuló importantes superávits que se trasladaron al Fondo de Reserva
de la Seguridad Social (que a fecha de hoy acumula aún 66.000 millones
de euros, equivalente al 6,5% del PIB).
Además, no se puede hablar seriamente de la sostenibilidad del sistema
de pensiones sin poner todas las cartas sobre la mesa: dicha
sostenibilidad remite directamente al debate de qué modelo de
distribución de la renta queremos tener.
A comienzos de la década de 1970 había en el Estado español dos
millones de pensionistas y el gasto en pensiones apenas representaba el
3% del PIB. Hoy día el número de pensionistas alcanza los 8,1 millones
y el gasto representa el 10,7% del PIB. Esta evolución ha sido
perfectamente compatible –hasta la llegada de la crisis y las políticas de
recortes– con los superávits anteriormente mencionados. ¿Cómo ha sido
posible? Pues porque el incremento de la productividad permite que
aumente también la ratio entre pensionistas y trabajadores ocupados sin
poner en riesgo el sistema (esta ratio pasó del 15% en 1970 al 45%
actual). No existe –en contra de las proyecciones generalmente
interesadas– ninguna razón económica ni demográfica para que esta
tendencia no pueda continuar en el tiempo. Ahora bien, para que esto
sea posible es necesario socializar las ganancias derivadas del
incremento de la productividad.
Es más, si hiciese falta reforzar la sostenibilidad del sistema siempre se
podría acudir a otras medidas que no pasen por el recorte del gasto, sino
por el aumento de los ingresos. Por ejemplo, la retirada de las políticas
de recortes y el desarrollo de los servicios públicos ayudaría a sostener
el empleo y con ello el número de cotizantes. Los permisos de
paternidad y maternidad iguales e intransferibles, y la universalización
de la educación infantil desde los cero años, facilitarían que más mujeres
pudieran incorporarse al mercado de trabajo y que la tasa de ocupación
femenina alcanzase los estándares de la UE.
Por último, el sistema público de pensiones no necesariamente debe
sostenerse a través de las cotizaciones sociales, sino que también puede
ser financiado mediante impuestos generales. Es necesario resaltar en
este sentido que la presión fiscal en nuestro país es una de las más
bajas de Europa: el 32,6% según datos de Eurostat, muy alejada del
40% de la media de la UE, del 43,1% de Francia e Italia, del 46,8% de
Suecia o del 48,9% de Dinamarca.
En resumen, la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones no es una
cuestión técnica, sino política (¿Qué recursos queremos destinar a
sostener a quienes ya han trabajado toda una vida?). ¿O es que acaso el
Gobierno pretende hacernos creer que hay dinero suficiente para
rescatar al sistema bancario, pero no para garantizar nuestra futura
vejez? Las pensiones públicas no sólo garantizan la estabilidad del ciclo
macroeconómico, impidiendo que las recesiones se agraven. Constituyen
un derecho social conquistado después de toda una vida de trabajo, así
como un bien público que garantiza la solidaridad, la cohesión y la
justicia. Son, en definitiva, un enorme activo a defender.
Dicha defensa debería estar encabezada por las organizaciones
sindicales. Por ello, nuestros dirigentes sindicales, que en su momento
no quisieron ver el enorme error estratégico que significaba firmar la
reforma que ahora entra en vigor, harían bien en no tratar de “poner en
valor” acríticamente dicho pacto. Por el contrario, su papel debiera ser el
de preparar y organizar la respuesta frente a cualquier nueva agresión
que pueda sufrir el sistema público de pensiones.


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