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CONSEJO DE MINISTROS

De la Vega acusa al PP de "intransigente" por rechazar el pacto educativo y niega que hubiera "diferencias insalvables"

El Gobierno quiere que la Ley de Ciencia convierta en riqueza el conocimiento
07/05/10
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AGENCIAS. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha acusado este viernes al Partido Popular de "intransigente" por negarse a firmar el Pacto de Estado por la Educación, al tiempo que ha recordado que no había "diferencias insalvables" entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para lograr un acuerdo.

"Los ciudadanos y la comunidad educativa se sienten más decepcionados con la postura intransigente del PP", ha asegurado De la Vega durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha indicado que "lo razonable, en estos tiempos de crisis, es que los partidos aparten sus recelos y, desde esas legítimas diferencias, den una respuesta razonable".

Para la 'número dos' del Ejecutivo, el rechazo de los 'populares' al pacto "demuestra su ansiedad y voracidad electoral" por "anteponer sus propios intereses a los de España y los ciudadanos". Asimismo, ha defendido que la iniciativa del pacto del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, respondía a una "reclamación justa" de la sociedad, que "quiere más calidad para la enseñanza en España y mayor estabilidad normativa".

EUROPA PRESS

BECAS. EL GOBIERNO AMPLÍA LAS BECAS-SALARIO PARA BENEFICIAR A UN 285 POR CIENTO DE UNIVERSITARIOS MÁS

El Consejo de Ministros ha anunciado este viernes un incremento en la partida presupuestaria destinada a las 'becas-salario', que asciende a 82 millones de euros, para que puedan beneficiarse de ellas un 285 por ciento más de estudiantes universitarios y así compensar la ausencia de ingresos que comporta la dedicación plena a los estudios superiores.

Para ello, se actualizará el umbral de renta familiar en un 2,6 por ciento con el fin de evitar la eventual expulsión de beneficiarios, como consecuencia de los incrementos salariales, y amplía esta modalidad de ayuda a los estudios de ciclos formativos de grado superior.

Asimismo, el Consejo ha aprobado un Real Decreto que establece los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas de estudios postobligatorios para el próximo curso 2010-2011, en virtud del cual se aumentará un 3,5 por ciento la dotación general de becas, cuya inversión total será de más de 1.200 millones de euros.

Según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante su comparecencia, medidas como éstas reflejan que el compromiso del Estado con la educación "se mantiene a pesar de la austeridad del momento". "Estas propuestas tienen como fin garantizar que todos los ciudadanos que cumplan los requisitos tengan acceso a las ayudas necesarias para seguir estudiando", ha apuntado.

Por otra parte, este organismo ha aprobado una modificación del Real Decreto que regula la nueva Prueba de Acceso a la Universidad, que reemplazará a la selectividad tradicional el próximo mes de junio, con dos fases: una obligatoria y otra voluntaria que permitirá que los estudiantes puedan mejorar sus calificaciones hasta un máximo de cuatro materias, dentro de un sistema "más flexible".

MENOS TRÁMITES PARA LOS CENTROS INTEGRADOS DE FP

Con ello, se garantizará que en las situaciones en las que haya concurrencia competitiva se proporcionen las mismas oportunidades a todos los estudiantes. Además, se modifica el plazo para ver el examen corregido de forma que, tras la segunda corrección, se amplía a diez días, frente a las cinco ocasiones tradicionales.

Por último, se ha aprobado un Real Decreto que simplifica los trámites necesarios para que las entidades privadas que lo deseen puedan funcionar como centros integrados de Formación Profesional, al reducir a uno el doble procedimiento de autorización administrativa que era preceptivo hasta el momento.

Esta medida se enmarca en el proceso de adaptación del sistema educativo español a la Directiva europea de Servicios, que pretende crear un entorno más favorable a la actividad, a la creación de empleo, a la puesta en marcha de nuevos proyectos emprendedores y a la dinamización del sector servicios "con repercusiones positivas en el conjunto de la actividad económica".

EL GOBIERNO QUIERE QUE LA LEY DE CIENCIA CONVIERTA EN RIQUEZA EL CONOCIMIENTO

El Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, una norma con la que se pretende que España se consolide entre los países con mayor producción científica del mundo y mejorar la capacidad española para que el conocimiento se transforme en riqueza.

"Se trata de una norma importante con la que España va a mejorar su capacidad para que el conocimiento se transforme en innovación, riqueza y progreso", ha señalado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que también ha acordado la remisión de este texto a las Cortes Generales para su debate.

La ley, que sustituirá a la anterior de 1986, adaptará el sistema de ciencia y tecnología a las circunstancias actuales del país, al desarrollo del sistema autonómico y a la adhesión a la UE, ha destacado el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El departamento que dirige Cristina Garmendia ha subrayado los cambios que se han registrado durante los últimos quince años: un mayor número de investigadores (seis veces más que en 1986) y más fondos dedicados a la I+D+i (catorce veces más que en 1986).

El texto incluye sugerencias de la comunidad científica, universitaria y de los agentes sociales, porque la voluntad del Gobierno es "aprobarla con el mayor consenso posible".

La ley de ciencia diseña una carrera científica basada en méritos, estable y previsible, con el objetivo de retener y atraer talento científico, e incluye un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que permitirá incorporarse al sistema público de I+D.

Recoge también la sustitución de las becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado, algo que según el Ministerio "muy pocos países contemplan", y reconoce específicamente la figura del personal técnico que trabaja en los organismos Públicos de investigación de la Administración General del Estado.

La nueva ley contribuirá a crear un sistema de I+D "más eficiente y eficaz" con la creación de una Agencia de financiación, según el Ejecutivo, que cree que este organismo dotará de mayor autonomía, flexibilidad y agilidad a la actividad científica y garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos.

Además, establece mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas administraciones, e incluye para ello instrumentos de coordinación a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Política Científica y Tecnológica.

El proyecto prevé que las administraciones públicas tendrán, por ley, el deber de fomentar actividades para mejorar el acceso de la sociedad a la ciencia.

Plantea la creación del Comité Español de Ética de la Investigación, que se ocupará de la ética profesional en la investigación científica y técnica y los conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas.

Otra de las intenciones es mejorar una de "las carencias" del sistema español de I+D+i: la cooperación entre agentes públicos y privados.

Para ello, el texto prevé la posibilidad de llevar a cabo convenios de colaboración para realizar conjuntamente proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación, creación o financiación de centros, u otras acciones de formación.

"España, que ya es la novena potencia científica, va a consolidarse entre los países como más producción científica del mundo", ha remachado la vicepresidenta, quien ha agregado que el texto incluye dos "importantes" instrumentos de financiación: la agencia y el centro para el desarrollo tecnológico industrial.
 


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