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Artículo publicado en InfoLibre

Cuando la diplomacia tiene memoria: el convenio de Montauban

30/03/21 - -
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En ocasión precedente y en este mismo diario subrayé el buen hacer del joven Embajador de España en la República Francesa, José Manuel Albares. Curtido en la asesoría y organización de reuniones y cumbres internacionales desde su nombramiento con rango de Subsecretario como Secretario general de Asuntos Internacionales en la Presidencia de Gobierno, ha dado un considerable impulso a las relaciones hispano-francesas al frente de la representación española en París. Su actividad diplomática, en la que es notabilísima la atención a los españoles residentes en Francia, recuerda los tiempos de otro excelente embajador en la capital gala, el salmantino Francisco Villar (2004-2010), con quien trabajó en la primera legislatura del Presidente Rodríguez Zapatero.

Muy acertadamente, José Manuel Albares preparó en febrero de 2019, con motivo del ochenta aniversario del comienzo del exilio del 39, la visita del presidente Pedro Sánchez a la tumba de Manuel Azaña en Montauban, localidad a una cincuentena de kilómetros al norte de Toulouse  —después de la realizada por el expresidente Zapatero en enero de 2015— en compañía de representantes de la cultura, guiados por el veterano profesor Jean-Pierre Amalric, presidente de la Asociación “Presencia de Azaña”. Por otra parte, no deja de ser significativo que el embajador Albares hiciera su primer viaje institucional a Toulouse, una de las capitalidades de la República española en el exilio, para reunirse, entre otros quehaceres oficiales, con los jóvenes de la sección internacional española del Liceo Saint Sernin tolosano. Ahora, aprovechando sus extraordinarias relaciones con el Eliseo y la complicidad gubernamental de la ministra Arancha González Laya, su cocina diplomática ha fraguado la XXVI Cumbre franco-española, esta vez, en Montauban. Cosa nada fácil, lo sé por propia experiencia, más aún al llevarse a cabo novedosamente mediante videoconferencia y al propiciar el enésimo encuentro del Jefe del Gobierno español Pedro Sánchez con el Presidente de la República francesa Emmanuel Macron. El lugar no podía ser más simbólico y, sin duda, los hechos más sobresalientes de la Cumbre han sido la visita de los dos dignatarios a la tumba del último presidente de la Segunda República española y la firma del convenio de doble nacionalidad entre ambos países, anunciado el 2 de diciembre de 1919 por el entonces presidente en funciones Sánchez y el primer ministro francés Eduard Philippe. Por fin, después de las oportunas negociaciones, fue aprobado en el Consejo de Ministros del 23 de noviembre de 2020.

Es éste un acuerdo precursor e inédito entre dos países europeos, exceptuado el ibérico hispano-portugués, hasta hoy una de las asignaturas pendientes a nivel internacional que aprueba con suficiencia el gobierno actual. Otra es, sin duda, la urgentísima derogación del voto rogado en las elecciones de los residentes españoles en el Exterior. El asunto de la binacionalidad franco-española remonta a lejos, a muy lejos. Véngase el lector conmigo a la memoria.

Los siempre privilegiados por su amistad, sabemos que los hermanos Carlos y José Martínez Cobo, socialistas destacados del exilio republicano en Toulouse, cruzaron con sus padres y hermana la frontera hispano-francesa persiguiendo la vida que en el Madrid bajo las bombas criminales peligraba tras la sublevación y golpe militar de 1936. De ello, de las primeras penurias y dificultades de los hijos del histórico Martínez Parera como refugiados políticos en Francia, del compromiso militante y de su decisiva participación en el proceso de renovación del PSOE, que condujo al Congreso de Suresnes (otoño de 1974), presidido precisamente por José, dejó éste hace unos años huella escrita en su libro memorialístico Recuerdos fraternales. España en el exilio (2009), lección de una existencia recta y orgullo de la patria de sus padres. Charles había fallecido el 10 de marzo de 2005.

Los dos hermanos decidieron estudiar medicina y lograron titularse, Charles como cirujano ortopédico, Joseph como cardiólogo pediatra, pero ambos no pudieron ejercerla por ser refugiados extranjeros. Así lo decidió el Colegio de Médicos francés que, pese a los trece años de estudio y tras una denuncia, prohibió trabajar a los jóvenes doctores más allá de ocupaciones circunstanciales. Similar desventura sufrió José María Sertucha, suegro del menor de los Martínez Cobo, a quien por la misma razón se le vetó la titularidad docente a pesar de la correspondiente convalidación de sus diplomas; o Gabriel Pradal, autor de excelentes ensayos periodísticos reunidos bajo el título Pericles García, inhabilitado para ejercer su profesión de arquitecto después de haber sido perseguido por la policía franquista a causa de su socialismo y tres penas de muerte. No fueron los únicos exiliados frente a tales desafueros. Ante esta tesitura y por la situación económica familiar, los hermanos Martínez Cobo se vieron obligados a “hacerse franceses”, lo cual conllevaba la inmediata pérdida de la nacionalidad española que, como ellos decían, nunca perdieron porque no la tenían.

Tiempo después, cuando pudieron visitar la tierra que les vio nacer, lo hacían como españoles “sin papeles”. Hasta que, en la primavera de 1989, después de haber emprendido ambos los trámites correspondientes, el Consejo de Ministros rubricó sendas habilitaciones para que recuperaran la nacionalidad y, poco después, el 14 de abril, puesto que la simbólica casualidad así lo dispuso, les expidieron sus pasaportes.

El convenio hispano-francés viene a estatuir definitivamente la cordura y justicia legislativa. No ignora el lector que la legislación española de nacionalidad se rige por el ius sanguinis o derecho de sangre independientemente del lugar de nacimiento. Pero no se permitía la adquisición de otra nacionalidad fuera de los acuerdos con Portugal y ciertos países hispanoamericanos. El español que abrazaba la francesa perdía de facto la española de origen, al igual que la mujer casada con un francés. Los descendientes menores nacionalizados franceses podían conservar la ciudadanía española si sus padres la solicitaban en los tres meses siguientes. Por último, quien demandaba la nacionalización gala podía recuperar la española, o conservarla, dentro de los tres años siguientes a la obtención de aquella. Ahora bien, en los últimos tiempos, al no comunicar la administración francesa a la consular española las nacionalizaciones, algunos españoles seguían manteniendo en silencio consentido su identidad al abrigo de una norma legal ciertamente poco clara, incluso arbitraria según en qué consulado se aplicara.

El último día de octubre de 2007, en virtud de la Ley de Memoria histórica, auspiciada por José Luis Rodríguez Zapatero, a los exiliados y a sus descendientes que perdieron la nacionalidad se les facilitaba recuperarla u obtenerla antes del 27 de diciembre de 2011, medida que se amplió a los brigadistas internacionales de la guerra civil y, el año pasado, a sus descendientes que desearan adquirirla.

El emblemático acuerdo de la Cumbre de Montauban, que en su bilateralidad beneficia asimismo a los franceses residentes en nuestro país, acaba siendo un logro socialista más del gobierno de coalición dentro de un clima político (y mediático) convulso, debido al disparatado rumbo y anteojeras de una derecha cerril decidida a cohabitar con otra aún mucho más ultramontana. Corren tiempos difíciles de peste interminablemente asesina y de desbocada oposición política a la acción gubernamental en los que, no obstante, los españoles del exterior, de Francia en concreto, ven satisfecha la voluntad de ejercer sus derechos ciudadanos derivados de la adquisición de la doble nacionalidad. Veré conmigo mismo si soy uno de los primeros en solicitarla para sentirme doblemente europeo.

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Javier Pérez Bazo es Catedrático de Literatura española de la Universidad de Toulouse y fue Consejero de Educación de la Embajada de España en París (2004-2008).


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