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Por la creación de una nueva plaza en la plantilla después de despedir a 39 trabajadores.

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PRESENTA UNA DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA POR PRESUNTA PREVARICACIÓN DE LA ALCALDESA Y VARIOS CONCEJALES

El pasado 4 de enero el Grupo Municipal Socialista ha denunciado ante la Fiscalía de Collado Villalba al gobierno del Partido Popular por la creación de una plaza de personal laboral en el ayuntamiento contraviniendo los planes de ajuste municipales, las leyes de presupuestos generales 2012 y 2013 y el acceso a la función pública. El delito de prevaricación está penado por el Código Penal según el artículo 404 y 405 con penas de inhabilitación de entre 9 y 15 años.
10/01/17
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El pasado 4 de enero el Grupo Municipal Socialista ha denunciado ante la Fiscalía de Collado Villalba al gobierno del Partido Popular por la creación de una plaza de personal laboral en el ayuntamiento contraviniendo los planes de ajuste municipales,  las leyes de presupuestos generales 2012 y 2013 y el acceso a la función pública. Fue en el pleno del 31 de enero de 2013 cuando la alcaldesa actual, Mariola Vargas y el resto de concejales del equipo de gobierno de entonces, la mayoría continúan en esta legislatura, aprobaron la creación de un puesto de trabajo en el consistorio después de haber realizado un ERE en el que despidieron a 39 trabajadores municipales. Ya entonces, el portavoz del Grupo Socialista indicó que el Plan de Ajuste prohibía crear nuevas plazas y que, en cualquier caso, no se estaban siguiendo los trámites legales para acceder a la función pública. Los concejales socialistas votaron en contra, pero la propuesta se aprobó con los votos a favor de los 14 concejales populares, de los cuales continúan siete.

 

La interventora municipal realizó tres informes en contra de la designación de una nueva plaza en la plantilla municipal, alegando que se vulneraba el Plan de Ajuste Municipal 2012, donde se impedía crear plazas en la plantilla municipal, laborales o funcionariales, aunque estas se amortizasen, ya fueran por jubilación o supresión del puesto de trabajo; la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado y la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado 2013, que prohibía la creación de empleo público. Así como el quebranto de los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso a la función pública, al no sacar a concurso la nueva plaza.

El delito de prevaricación está penado por el Código Penal según el artículo 404 y 405 con penas de inhabilitación de entre 9 y 15 años. 


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