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El Congreso respalda las medidas propuestas por el Grupo Socialista contra la explotación y la precariedad laboral en el sector de la seguridad privada contratada por las AAPP

- “Los trabajadores y trabajadoras han salido a la calle, se han manifestado, han tocado a la puerta de este Gobierno y el Gobierno les ha vuelto a dar un portazo”, denuncia la diputada socialista Esther Peña - “Lo que es más grave es que esta explotación que sufre el sector es responsabilidad del PP por la forma en la que oferta contratos públicos que condena a los trabajadores a tener peores salarios y peores condiciones laborales”
16/11/17
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Madrid, 16 de noviembre de 2017.- El Congreso ha respaldado la proposición no
de Ley socialista con medidas para evitar la explotación y la precariedad laboral
en el sector de la Seguridad Privada, como consecuencia de las condiciones en
las que se realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las
Administraciones Públicas, con el único voto en contra del PP y la abstención de
Ciudadanos.

La diputada socialista Esther Peña considera que “lo que es más grave es que
esta explotación que sufre el sector es responsabilidad del PP por la forma en la
que oferta contratos públicos que condena a los trabajadores a tener peores
salarios y peores condiciones laborales”. Así, en su intervención en la defensa
de la iniciativa en la Comisión de Empleo celebrada este miércoles, ha incidido
en que “es grave porque aunque al partido que sustenta al Gobierno le cueste
aceptarlo, cuando una empresa privada presta un servicio público, esto no exime
de la responsabilidad de los poderes públicos para ser garantes del servicio que
se presta”

“Por mucho que el Gobierno diga que no tiene nada que ver con las empresas,
la realidad es que sí, que tienen que ver y mucho en la devaluación salarial de
los centenares de afectados en todo el país en ministerios como el de Defensa o
Fomento, en Burgos, en Canarias, en Lugo, en Córdoba o en Barcelona”, ha
denunciado la diputada socialista por Burgos. “Si se externalizan los servicios y
no se vigila el cumplimento de las condiciones laborales, el responsable es el
Ministerio, el responsable es este Gobierno”.

“El problema es la reforma laboral del PP, que permite que los convenios de
empresa prevalezcan sobre el convenio estatal y que impulsa rebajas salariales
de escándalo”, ha denunciado Peña, poniendo de ejemplo que “es un escándalo
que trabajadores de empresas de seguridad como Marsegur, hayan pasado de cobrar en enero de este año 1091 euros mensuales a cobrar 726 euros en mayo
por el mismo trabajo, la misma jornada; 726 y 10 céntimos la hora por
nocturnidad”. “Escandaloso es también que no llegue ni a 4 euros la hora la
remuneración por custodiar instalaciones sensibles como lo son las del
ministerio de Defensa”, ha añadido.El Gobierno da un portazo a los trabajadores
Así, Peña ha lamentado que “los trabajadores y trabajadoras han salido a la
calle, se han manifestado, han tocado a la puerta de este Gobierno y el Gobierno
les ha vuelto a dar un portazo”. “El mismo que han intentado dar a la recién
aprobada ley de contratos”, recordó la diputada socialista, “aprobada porque el
19 de octubre “sufrieron un contratiempo, porque el pleno validó la nueva ley de
contratos del sector publico rechazando todas las enmiendas planteadas por el
Senado”. “Todos entendíamos que había que cambiar la ley para que la
administración dejara de establecer como único criterio de adjudicación la oferta
económica más baja, cosa que habíamos denunciado no solo nosotros, sino los
trabajadores, las organizaciones sindicales y el observatorio social de la
seguridad privada en el dialogo social europeo, porque todos entendíamos esto,
menos el PP que presentó tres enmiendas que de haberse aceptado seguirían
permitiendo la pérdida de derechos laborales y salarios de indigencia”, ha
explicado.

“Es un primer paso, importante, pero queda mucho por hacer”, subrayó Peña,
que defendió en su intervención en la Comisión las medidas contempladas en la
pnl socialista aprobada, como recuperar la prevalencia del convenio sectorial
ante los convenios de empresa, “lo que significa derogar su reforma laboral”; que
se adopten medidas para garantizar el respecto al convenio colectivo sectorial
de aplicación haciendo condición necesaria que se rescindan los contratos a las
empresas de vigilancia que incumplan la normativa laboral y no respeten unas
condiciones dignas de empleo y sueldo para sus trabajadores; y “una
contratación pública socialmente responsable”, mediante la creación de
órganos de seguimiento en los que participen las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas, responsable en la ley de contratos del sector
público y normativa de desarrollo, tal como disponen las directivas europeas.

“Es lamentable que el Gobierno del PP haya decidido que salgamos de esta
crisis económica con el esfuerzo de los de siempre, con peores condiciones
laborales, porque si la recuperación no llega a los trabajadores, la recuperación
no existe”, resumió Peña.


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