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Álvaro Cuesta
Álvaro Cuesta
Sevilla, 12 de marzo de 2006

VI Convención Municipal: Documento de Conclusiones

12/03/06
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Reunida la VI Convención Municipal del PSOE se acuerdan las siguientes conclusiones:

1.- Se constata positivamente la gestión del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero en el cumplimiento del Programa Electoral, al incluir en la Agenda política un importante paquete de medidas en defensa del Nuevo Gobierno Local.

2.- La Convención valora muy positivamente tanto las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de Financiación Local como la defensa de la Autonomía Local, los Gobiernos de Proximidad y la elaboración desde el diálogo del Anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y la Administración Local.

LA AGENDA DE LA REFORMA LOCAL EN MARCHA

El Gobierno socialista de España y los de las Comunidades Autónomas ya han iniciado las reformas y han adoptado las medidas tendentes a desarrollar la autonomía política y financiera de los Gobiernos Locales.

La creación de Comisiones Mixtas entre los Gobiernos Autonómicos y los Ayuntamientos, las reformas en las transferencias autonómicas a los Ayuntamientos, los nuevos marcos reguladores del ámbito local en las Comunidades Autónomas, vienen apuntando el inicio de un camino de reconocimiento del Espacio Local Autonómico.

Por otro lado, es preciso resaltar asimismo la creación en los Presupuestos Generales del Estado de 2005 del “Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de los Inmigrantes así como el Refuerzo Educativo de los mismos”, dotado inicialmente con 120 millones de euros y que para el presente año ha aumentado de forma considerable. El objetivo de dicho Fondo es el de promover políticas públicas de integración social de los inmigrantes en cooperación con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Cada Comunidad Autónoma recibe los recursos asignados correspondientes en virtud de su Plan de Actuación dentro del Convenio de Colaboración suscrito con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Acuerdo señala que el 50% de los recursos del Fondo que recibe cada Comunidad Autónoma deben destinarse a actuaciones promovidas por los Ayuntamientos.

No obstante, los criterios de reparto de las Comunidades Autónomas a los Ayuntamientos deben merecer una mayor fiscalización y rigor, pues se han detectado en las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP criterios de arbitrariedad y discriminación a los Ayuntamientos en el reparto de los fondos, defraudando los objetivos y fines del mencionado Fondo. En lo sucesivo deberá garantizarse la participación de los Ayuntamientos en la suscripción de los Acuerdos entre el Gobierno y cada Comunidad Autónoma.

Desde otro punto de vista resulta muy positiva la decisión pactada entre el Gobierno y la FEMP, en la que se produce el reconocimiento de una compensación adicional de 120 millones de euros a las Entidades Locales que hayan tenido pérdidas de recaudación como consecuencia de la reforma del IAE operada en la Ley 51/2002 de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Esta compensación adicional es consolidable para los próximos años y se incorporará a la participación de los Ayuntamientos en los ingresos del Estado.

Finalmente es de destacar como elementos que ponen de manifiesto la existencia de un programa de reformas en marcha en favor de los Ayuntamientos el proceso de reforma en curso de la Ley de Bases de Régimen Local; el Acuerdo firmado entre el MAP, el MEH y la FEMP, en materia de financiación; o la creación de la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales, como primer órgano de cooperación del Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y los Gobiernos Locales, el reconocimiento del desempleo y la protección social a los concejales, la reforma de la Ley del Suelo, la aprobación de la Carta Municipal de Barcelona y la Ley de Capitalidad de Madrid, siendo todo ello prueba de que el nuevo Gobierno Local forma parte de la agenda política del Gobierno.

LOS CIUDADANOS, PROTAGONISTAS DE AYUNTAMIENTOS COMPETENTES

El Nuevo Gobierno Local y las reformas institucionales no son mera arquitectura, sino que tienen en los ciudadanos su razón de ser.

La gestión de los Ayuntamientos Socialistas seguirá situando entre sus prioridades el Empleo, la vivienda, las iniciativas locales de empleo para los jóvenes, el Desarrollo económico de los ámbitos locales, las políticas sociales y de igualdad, la participación activa de los Ayuntamientos en los nuevos desafíos sociales como son la Ley de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, la integración social de los inmigrantes, la salud pública, la educación, la seguridad, el desarrollo de las tecnologías de la información, la participación ciudadana y la protección del medio ambiente de nuestros pueblos y ciudades sostenibles.

AUTONOMÍA LOCAL

La Autonomía Local es una pieza fundamental del Estado de Derecho, que tiene una relevancia constitucional en la definición de la organización territorial del Estado y que cumple una cuádruple función referida a la participación y a la política democráticas; al Estado de Derecho y al pluralismo; al Estado social y a la configuración del Estado Autonómico, contribuyendo también a la descentralización de la Administración Pública.

La instancia local cumple, además, en el Estado Autonómico, una función de homogenización de la arquitectura territorial estatal, limitadora de centralismos autonómicos y de concepciones discriminatorias e insolidarias contrarias al derecho de igualdad.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Creemos conveniente el desarrollo y la extensión del modelo parlamentario introducido por la Ley 57/2003, trasladando la superación del tradicional modelo corporativo a la mayoría de los municipios, rebajando el umbral de aplicación a los 1.000 habitantes. Ello debe hacerse, eso sí, dándoles un mayor margen de disposición sobre la organización para que puedan prescindir de distritos y de determinadas Instancias a los efectos de no hacer más costosa la nueva organización. La nueva Ley de Bases en este punto se configuraría como una legislación de mínimos, pero no mínima, mejorable por Reglamento Orgánico o Estatuto Municipal y por las disposiciones legislativas de las Comunidades Autónomas.

ESTATUTO DE LA FUNCIÓN DE CONCEJAL

Es necesario implementar mecanismos de garantía en el desarrollo de la función representativa del Concejal, singularmente en los derechos, configurando un auténtico “Estatuto del Concejal”, estableciendo instrumentos que garanticen la transparencia y el ejercicio de la función de representación pública desempeñada por los electos locales.

El Estado, más allá del desarrollo autonómico o de los Reglamentos de Organización de los Ayuntamientos, ha de garantizar el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad como desarrollo del Derecho constitucional a la participación política del artículo 23.

El ejercicio de la función de Concejal, los derechos democráticos de las minorías y el Pluralismo Político no pueden ser disponibles por la mayoría.

TRANSPARENCIA, CONTROL Y GARANTÍA DE CIUDADANOS

Se debe garantizar la transparencia en la vida pública local mediante el establecimiento de diversos mecanismos y principios. La creación de Oficinas de Control Presupuestario, la publicidad de los Registros de Intereses, el régimen de incompatibilidades, la pluralidad en las Empresas Públicas y en los órganos de control de los medios locales de información y comunicación, las Comisiones de vigilancia en la contratación pública, y la regulación de una Carta de Derechos ciudadanos respecto al funcionamiento de servicios y defensa y garantía de los derechos de la ciudadanía, habrán de contribuir sin duda a la democratización del funcionamiento de los Gobiernos Locales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Debe mantenerse la conveniencia de garantizar una estructura participativa y deliberativa como los Consejos Económicos y Sociales de la Ciudad.

También se deberían impulsar Consejos de Inmigrantes para posibilitar su participación en determinados asuntos del municipio, implementando su integración y participación en la democracia deliberativa de los municipios donde residen.

RELACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Los poderes locales han de tener presencia en los principales centros de decisión política, entre ellos, el Consejo de política fiscal y financiera en el que actualmente sólo están representados los gobiernos central y autonómico, así como, mediante un mecanismo de audiencia, relación e interlocución en el Senado.

Debería desarrollarse la actual Conferencia Sectorial de Asuntos Locales, transformándose en una Conferencia General de Política Local como órgano de encuentro, cooperación y deliberación entre la Administración del Estado, de las CCAA y de las Entidades Locales.

Asimismo y en su seno debería crearse una Comisión de Ciudades y desarrollarse el observatorio urbano.

Para cada área metropolitana o gran ciudad deberá crearse una Comisión mixta bilateral integrada por la representación del Estado y la Comunidad Autónoma y la ciudad o el Área Metropolitana respectiva, a los efectos de colaboración en asuntos de su interés propio.

El Gobierno, en su seno debería crear una Comisión Interministerial de asuntos urbanos o ciudades para la coordinación transversal de las políticas urbanas del Gobierno.

INTERMUNICIPALIDAD

La futura legislación deberá fomentar la intermunicipalidad y la agrupación o concentración de Municipios frente al minifundismo y la segregación local.

Se hace necesario crear economías de escala que permitan optimizar la gestión de los servicios, gestionar la sostenibilidad y que sean garantía del principio de igualdad entre los ciudadanos, tanto en las oportunidades como en el acceso a los servicios fundamentales.

UN NUEVO MODELO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA

Aquí hay un espacio no sólo para un nuevo modelo de Diputación Provincial, Consejo Insular o Cabildo, sino también para una realidad institucional diferente impulsadora de sinergias intermunicipales, comarcales, etc.

Las CCAA deben desarrollar en esa dinámica un papel fundamental en su política territorial.

La Provincia es una entidad local territorial determinada por su condición de agrupación de municipios que garantiza la efectividad de las competencias y los servicios municipales y la aplicación del principio de subsidiariedad.

La provincia debe asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio de los servicios de competencia municipal para garantizar la prestación universal a todos los ciudadanos, así como generar economías de escala que propicien una mayor calidad, eficacia y eficiencia en dicha prestación. Desde el punto de vista competencial la provincia debería orientar sus funciones hacia la asistencia y cooperación jurídica, económica, técnica, administrativa y de gestión a los municipios, dirigida a garantizar el ejercicio íntegro de sus competencias y servicios; el asesoramiento jurídico, económico, técnico, administrativo y de gestión; la elaboración de estudios, proyectos, planes, programas y elaboración de normas, en especial, ordenanzas y normas de organización municipales; la defensa judicial del municipio; la tramitación de expedientes administrativos y la realización de todo tipo de actividad material y de gestión delegada por los Ayuntamientos; el soporte informático y la creación de redes telemáticas; el desempeño de funciones técnicas, de inspección y de recaudación; la ejecución de obras y prestaciones de servicios municipales por cuenta del Ayuntamiento; el suministro de bienes y servicios en especie; la contratación administrativa y la selección de personal, individual o asociado con otros municipios, por cuenta de los Ayuntamientos; la formación y perfeccionamiento del personal y los representantes locales; la asistencia administrativa en el ejercicio de las funciones públicas necesarias.

Asimismo la provincia debería promover la ejecución de obras y equipamientos y la prestación de servicios públicos de carácter municipal o intermunicipal y el apoyo a las políticas municipales de su territorio.
En su gestión, las Diputaciones Provinciales y los Cabildos y Consejos Insulares deberán CONCERTAR la cooperación con los municipios, mediante planes o programas en cuya elaboración participan aquéllos.

Las Diputaciones Provinciales podrán desconcentrar sus servicios en el territorio provincial, a efectos de procurar la mayor proximidad de sus actividades a los municipios que lo integran.

ESPACIO LOCAL AUTONÓMICO

Los Ayuntamientos deben obtener un espacio competencial sólido, no sólo en la Legislación Básica del Estado sino también en la asignación de competencias que los Estatutos de Autonomía contemplan.

El nuevo Gobierno Local debe tener su espacio y protagonismo en las Agendas Políticas del Estado y de las Comunidades Autónomas.

El Gobierno Local no puede quedar degradado a la condición de administración indirecta de las CCAA o del Estado. Sería incompatible con el mandato de la Carta Europea de Autonomía Local que exige que, una parte sustancial de los asuntos públicos, sean gestionados por el Gobierno Local bajo la propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.

Asimismo, en los Estatutos debe figurar un artículo que recoja la necesidad de una financiación incondicionada y el deber de motivar las subvenciones finalistas.

EL CONSEJO DE GOBIERNO LOCAL

Es conveniente crear en las CCAA un órgano de encuentro o Consejo de Gobiernos Locales como institución de las entidades locales, que garantice su participación en la política legislativa que afecte a la autonomía local.

ACCIÓN CONCERTADA LOCAL POR UNA RED CIUDADANA DE GOBIERNOS LOCALES

Para potenciar el Nuevo Gobierno Local se propone adoptar un gran Pacto o Acuerdo entre todos los partidos políticos denominado Acción Concertada Local por una Red Ciudadana de Gobiernos Locales.

Objetivo:  Una respuesta unitaria para desarrollar la Autonomía Local y el protagonismo de lo local en la organización de la democracia con ciudadanos que son sujetos políticos globales

Idea Central:  .- Ciudadanía: Amplios derechos e integración
.- Protagonismo de los ciudadanos
.- Ciudadanos en Red
.- Ayuntamiento en relación
.- Respuesta desde gobiernos de proximidad competentes
.- La estructura o malla vertebrada de la España de los ciudadanos

Acción concertada:

Acuerdo político estatal:

a) Entre partidos
b) Entre actores institucionales:
Ayuntamientos/Gobierno de las CCAA y Gobiernos de España. (Conferencia general de Política Local)

Compromiso de doble ámbito:

1. Estatal
2. Compromiso de acción en CCAA y Ayuntamientos

Contenidos: 

1. Pronunciamientos sobre Autonomía Local
2. Bases del  Nuevo Gobierno Local: Negociación y Acuerdo sobre el anteproyecto
3. Organización Democrática del Gobierno Local
4. Estatuto del Concejal: calidad democrática: Medidas antitransfuguismo
5. Garantías ciudadanas
6. Participación: Participación de la nueva ciudadanía
7. Criterios competenciales
8. Cooperación y coordinación:
• Conferencias de Políticas Locales
• Comisión Interministerial de asuntos urbanos
• Conferencia de Ciudades
• Comisiones Mixtas para cada área de influencia urbana
      (Bilateral)
9. Financiación Local
10. Lealtad y suficiencia financiera
11. Espacio Local Autonómico
12. Espacios Estatutarios de la autonomía local: competencias y financiación
13. Regulación de mínimos intracomunitarios
14. Intermunicipalidad y Diputaciones
15. Desarrollo rural
16. Agrupación de servicios y de la Gestión Municipal: Ayuntamientos concertados en ventanilla única
17. Los Consejos de los Gobiernos locales de las CC.AA.
18. Redes de Ciudades
19. Impulso de Pactos Locales Autonómicos


REFORMA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS COMPETENTES

Tras 27 años de andadura desde que se constituyeron los primeros Ayuntamientos democráticos, configurados constitucionalmente como el tercer pilar de la estructura territorial de nuestro país, los Municipios han sido pieza clave en la construcción, estabilidad y desarrollo de la democracia de España.

Los Gobiernos locales han desempeñado un papel fundamental en la modernización y mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

La política territorial de la democracia, una vez aprobada la Constitución, se ha concentrado básicamente en la construcción del Estado de las Autonomías. Ahora la agenda territorial debe dar respuesta a los nuevos horizontes de la autonomía local y de su financiación.

SUFICIENCIA FINANCIERA PARA MÁS Y MEJORES SERVICIOS

La Constitución española reconoce a los municipios la autonomía para la gestión de sus propios intereses y establece que las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes, nutriéndose de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Para alcanzar la suficiencia financiera que los Entes Locales necesitan resulta imprescindible la clara potenciación de las dos grandes fuentes financieras de los gobiernos locales, cuales son los tributos propios y la participación en los ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas, al tiempo que es necesario mejorar sustancialmente el sentido de responsabilidad en la gestión del gasto público, y de los ingresos, así como la rendición de cuentas y la generación de incentivos de todo tipo, promoviendo la mejora permanente de la eficacia, la eficiencia, la calidad  y la sostenibilidad de los servicios públicos locales.

La autonomía local y la suficiencia financiera son los requisitos que garantizan ciudades más competentes para prestar más y mejores servicios a la ciudadanía.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL  “A UN TIEMPO”

El desarrollo de la Autonomía Local desde el punto de vista competencial es hoy, en una parte importante, competencia de las Comunidades Autónomas. Algunos elementos de la financiación también. Pero no se puede desconocer que el Estado, tiene, asimismo, su propia competencia en la regulación de los modelos de financiación autonómica y local. Esta dispersión competencial entre los diferentes niveles de la Administración Pública, hace prioritario para los intereses de los Gobiernos Locales la necesidad de obtener la garantía por parte del Gobierno de que el proceso de reforma de la financiación autonómica sea abordado, de forma conjunta y simultánea, con la necesaria reforma de la financiación local. En este sentido hay que valorar positivamente el compromiso del Presidente del Gobierno de promover la incorporación de las entidades locales, a través de la FEMP, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, asumido durante la entrevista celebrada con el Presidente de la FEMP, Heliodoro Gallego, el pasado 2 de marzo.

Un momento como el actual, en el que en el marco de un contexto económico y financiero favorable se van a acometer modificaciones en el modelo territorial, constituye una oportunidad histórica para que los Gobiernos Locales aborden una reforma de la financiación local que les permita resolver, de una vez por todas, los problemas financieros que les vienen acuciando, reforma que debe de canalizarse a través de un proceso de negociación global del modelo de financiación territorial, en la que participen todos los niveles del Estado (Central, Autonómico y Local) con fin de alcanzar el consenso necesario entre todas las partes implicadas.

Los Gobiernos Locales constituyen una parte esencial del Sector Público, en la medida en que deben suministrar bienes y servicios esenciales para el bienestar de los ciudadanos, razón por la cual no deberían ser consideradas como Administraciones subordinadas o de “segunda división” en lo que a su financiación se refiere.

SUPERAR LA ASFIXIA ECONÓMICA

Hace falta una racionalidad en el planteamiento ajena a lo que ha sido la política desarrollada por el Partido Popular en estos años. El Gobierno del PP ha realizado una política orientada a producir la asfixia económica de las Entidades Locales, con múltiples agresiones a la autonomía local y a la suficiencia financiera. La única alternativa que han dado los gobiernos del PP a la financiación local, ha sido que los Ayuntamientos suban sus impuestos, tasas y precios, y especulen con el suelo para financiarse.

En efecto, la Financiación Local ha sido insuficiente y se ha caracterizado por generar graves incertidumbres y prácticas perversas como la venta de patrimonio público de suelo o de derechos urbanísticos para financiar gasto corriente e inversiones, contribuyendo a encarecer más el precio del suelo.

Los presupuestos de los Entes territoriales locales, y en concreto de los Ayuntamientos, ponen de manifiesto graves insuficiencias en temas tales como las cuantías destinadas a subvencionar el transporte público urbano en aquellas ciudades en que su prestación es obligatoria, pues no cubren ni de lejos los déficit de explotación. Es preciso por lo tanto mejorar la financiación del transporte público urbano, incentivar políticas de gratuidad del mismo para jóvenes y mayores y financiar el transporte municipal que discurra por varios municipios o áreas metropolitanas o de influencia urbana.

Las compensaciones a los Ayuntamientos por la exención del IBI en favor de las empresas concesionarias de autopistas de peaje, o la exención del pago del IVA a las Empresas Públicas Municipales por la prestación de los servicios públicos son problemas que habrán de ser resueltos en la nueva reforma fiscal y financiera.


La Reforma de las Transferencias y la Participación de los Gobiernos Locales en los Ingresos de las Comunidades Autónomas (PICA)

El nuevo sistema debe abordar la participación en los ingresos del Estado y la participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas.

La participación en los ingresos del Estado (PIE) y la participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas (PICA?s) deben mantener su carácter incondicional y de nivelación. En este sentido, dada la diversidad de realidades municipales a lo largo del territorio, la adecuación de transferencias incondicionales a su verdadero objetivo de cubrir brechas entre necesidades de gasto y capacidad fiscal, debería pasar por potenciar las PICA. En la medida en que el territorio es más reducido, cabe esperar que en las Comunidades Autónomas, el conocimiento de las peculiaridades y de los rasgos de los municipios sea mayor y en consecuencia se podrán incorporar en cada PICA indicadores más ajustados de necesidad de gasto. Así, la PIE quedará gradualmente como instrumento de nivelación de capacidades fiscales y en todo caso, podrían arbitrarse las medidas normativas y presupuestarias necesarias para que las CCAA incrementen sus recursos financieros en las cantidades necesarias, asumiendo una parte importante de las que hasta el momento eran aportadas directamente a los municipios por la Administración Central vía PIE.

El compromiso de las Comunidades Autónomas resulta de todo punto necesario, pues tras casi 28 años de experiencia constitucional, es imprescindible la identificación del papel de las Autonomías en la provisión de suficiencia financiera a los gobiernos locales. El deseo de proximidad y de descentralización de las decisiones no puede convivir, ni es compatible, con una tutela financiera muchas veces basada más en la inercia que en la reflexión y el respeto profundo de lo que significa el autogobierno de las colectividades locales, la capacidad de esas colectividades de decidir sobre su futuro por sí mismas en tanto no existan intereses más generales, más dignos de protección. Por ello, es necesario proceder a la creación de la Participación de los gobiernos locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas, (PICA), potenciándola, no como un derecho condicionado a directriz alguna de orden político-autonómico, sino como un derecho, basado directamente en las previsiones de nuestra Constitución, a que una parte de los gastos municipales sean sufragados por los Gobiernos autonómicos sin supervisión alguna, como ya ocurre con los fondos incondicionados procedentes del Estado.

El Estado no debe permanecer como un espectador pasivo, sino que debe implicarse directamente apoyando y estimulando a las CCAA con su propio esfuerzo financiero para la creación de ese Fondo de Participación, Fondo que, debe también ser subrayado con toda rotundidad, no puede ser distribuido más que con base en criterios de solidaridad, esto es, con base en indicadores de necesidad de prestación de servicios y de capacidad de generación de ingresos en cada ámbito municipal.

FONDO DE SOLIDARIDAD LOCAL

El nuevo modelo de Financiación Local debe ser más justo y estable, y garantizar la suficiencia financiera de los Ayuntamientos, el equilibrio y la convergencia territorial, la autonomía y la estabilidad de las haciendas locales. El actual sistema de financiación resulta deficiente tanto respecto a las ciudades como a los pequeños municipios.

A estos efectos, es necesario crear un fondo de nivelación en la financiación local que elimine la discriminación que existe en contra de los pequeños municipios respecto a su participación en los ingresos del Estado, hasta hacerlos converger con los municipios grandes en la cuantía que reciban por habitante. El vigente “sistema de variables” en la distribución de recursos de la PIE, utilizado para la asignación de ingresos a los municipios de menor tamaño, se concentra, únicamente, en la consecución de la suficiencia financiera, sin prestar atención a otras cuestiones como la incorporación de objetivos específicos de nivelación, que posibiliten que el volumen de recursos que perciba una Entidad Local tenga en cuenta sus propias necesidades o su capacidad fiscal para generar mayores ingresos por otras vías. Se hace preciso desarrollar conforme al Acuerdo suscrito entre la FEMP y el Gobierno, el pasado 18 de julio de 2.005, la creación del proyectado Fondo de Solidaridad para municipios de menos de 20.000 habitantes, con efecto 1 de enero de 2.007, el cual se convertirá en el instrumento de compensación para aquellas entidades locales que cuenten con menos posibilidades en la obtención de ingresos.

MÁS COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

Es preciso también incrementar los recursos destinados a los Planes de Cooperación Local que desarrollan las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y en su caso las Comunidades Autónomas uniprovinciales.

PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO

En relación con los municipios con población inferior a 10.000 habitantes, se han de reducir de forma progresiva las cargas financieras existentes, de manera que se les permita mejorar la prestación de los servicios locales.

Para conseguir este objetivo resulta necesario realizar un Plan de Saneamiento Financiero que de forma paulatina elimine el endeudamiento de estos municipios, creando consorcios para la gestión del endeudamiento local en colaboración con las Comunidades Autónomas.

NI UNA NUEVA COMPETENCIA SIN FINANCIACIÓN

El nuevo sistema de financiación ha de prever que la naturaleza de los ingresos municipales, y su volumen, ha de estar relacionado estrechamente a la tipología de las competencias que prestan. Es necesario un planteamiento del sistema de financiación municipal que esté de acuerdo con la distribución de las competencias entre los diferentes niveles de Administraciones Públicas, y que establezca la máxima: “ni una sola competencia sin financiación”.

Durante los últimos años las entidades locales están asumiendo de forma creciente nuevas prestaciones en respuesta a las demandas de nuestros vecinos, sin embargo las Comunidades Autónomas como titulares de dichas competencias, no transfieren en la misma proporción ni de forma adecuada los recursos necesarios a las entidades locales.


FINANCIACIÓN DE LOS “GASTOS NO OBLIGATORIOS” DE LOS AYUNTAMIENTOS

Es imprescindible realizar un análisis riguroso de los servicios que los Ayuntamientos prestan, siendo competencia de otras Administraciones, sin recibir por ello financiación.

En esta materia celebramos la existencia de una nueva dinámica. En este sentido, los acuerdos suscritos entre el Gobierno y la FEMP, (18 de julio de 2005), recogen la obligación de impulsar, en el marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales, la realización de un estudio que identifique las actividades que efectúan los Entes Locales, cuya competencia corresponde a otras Administraciones Públicas (Estado y Comunidades Autónomas). Dicho estudio deberá ser trasladado al Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que con la participación de la FEMP, se proceda al debate y aprobación del sistema para financiar aquéllos gastos, considerando la Administración titular de la competencia.

En la misma línea, la Comisión Técnica de Financiación Local, recientemente constituida, deberá abordar la metodología para identificar y valorar las actividades realizadas por las Entidades Locales cuya competencia corresponde a otra Administración Pública.

Esta dinámica consensuada para la valoración y financiación de los llamados “gastos no obligatorios” o de “suplencia”, debe ser impulsada y tenida en cuenta en la cuantificación de las transferencias del Estado y de las CCAA a los Ayuntamientos en el marco de la nueva financiación local.


REFORMA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y DE LA HACIENDA LOCAL: LA AMPLIACIÓN DEL ESPACIO FISCAL PROPIO

Respecto de los tributos propios de los Ayuntamientos, es preciso también superar los vestigios de excesivo intervencionismo normativo y programático que todavía impregnan a la legislación vigente, ensanchando en todo lo posible el ámbito de las decisiones de configuración del esquema y de la carga fiscal que pueden y deben ser tomadas por los gobiernos locales, pues en ellos, más que en ninguno otro, se dan las condiciones legitimadoras de autoimposición –entendidas como cercanía y consentimiento democrático respecto del impuesto- que están en la raíz misma de nuestro sistema político.

En este apartado, además, es preciso referirse no sólo a los impuestos tradicionales que, como los que recaen sobre los inmuebles, las actividades y los vehículos, son parte de la espina dorsal de la financiación local, sino también y especialmente a los ingresos procedentes de las tasas, contribuciones especiales y precios, cuya potenciación parece inexcusable si no queremos incurrir en la injusticia de hacer pagar a unos por el consumo de otros sin que existan razones explícitas y explicables para ello, razones que, por otra parte, solo pueden ser aceptadas si se basan en consideraciones de estricta solidaridad. Solidaridad y  perspectiva medioambiental son, por cierto, junto con los de suficiencia y autonomía, los enfoques que en el plano ideológico más general impregnan nuestras propuestas, como se verá a continuación. En suma, se trata de ampliar la autonomía normativa de los Ayuntamientos en la regulación de los ingresos tributarios,- impuestos y tasas y precios públicos-, ampliando el espacio fiscal local, mejorando todos los mecanismos de gestión, modernizando las Haciendas Locales, estableciendo mecanismos más democráticos y transparentes en la gestión y control del gasto, y, sobre todo, reforzando los derechos y garantías del contribuyente.


GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES

Asimismo, se considera necesario un impulso decisivo en materia de mejora de la gestión de los tributos locales, cuya primera medida pasa por adaptar la Ley General Tributaria a las peculiaridades de la Hacienda Local y por garantizar que en el futuro serán escrupulosamente respetados los intereses y las especialidades de estas haciendas a la hora de diseñar nuevos métodos y sistemas de gestión tributaria y de dictar normas de carácter general que puedan incidir en el ejercicio de sus competencias. En este sentido, se propone que los gobiernos locales dispongan de plena autonomía para configurar sus órganos tributarios según sus preferencias y posibilidades.

Para incentivar y facilitar el pago de los tributos locales se proponen medidas como la creación de la figura de la “cuenta corriente tributaria local”, posibilitando el pago fraccionado de todos los tributos periódicos a lo largo de todo el ejercicio.

Así como en la actualidad el Estado puede compensar de oficio las deudas que tengan las Entidades locales con él, se propone que se establezca la reciprocidad de esta regla, permitiendo que las mismas puedan compensar, con cargo a las deudas que tengan con el Estado, los créditos que ostenten contra este último. Idéntica regla de reciprocidad debería introducirse en las relaciones financieras de Derecho público entre las Haciendas locales y autonómicas.


DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRIBUYENTES

Por ser quizás una de las partes más innovadoras del documento, merece especial mención el apartado referido al fortalecimiento de los derechos y garantías de los contribuyentes. En este punto se estima que debería ser obligatoria la creación de órganos especializados que cumplan, en el ámbito local, la función del Consejo para la Defensa del Contribuyente, así como recuperar la vía económico-administrativa para todos los municipios, independientemente de su tamaño,  de forma que se ofrezca al contribuyente local el mismo nivel de protección y garantía de sus derechos que ya ofrece la Administración General del Estado. Consciente de las dificultades operativas que esta medida puede ocasionar a muchos municipios de pequeño tamaño, el documento propone que estas funciones se puedan llevar  a cabo a través de diversas fórmulas de cooperación intermunicipal. En cuanto a la interpretación de las normas fiscales, se considera necesaria la creación de una Comisión Mixta, integrada por representantes estatales y locales, que unifique los criterios interpretativos y refuerce así la certeza en la aplicación de la normativa tributaria y la seguridad jurídica de la administración y de los ciudadanos y empresas.

Con independencia del nuevo diseño final de la reforma del sistema financiero de los Gobiernos Locales, en fin, se determina que no cabe una política de Estado en esta materia sin una acción concertada y un compromiso firme entre todas las Administraciones Públicas, desde la lealtad y la cooperación, en favor de la democracia local y en pos de la plena consecución de la suficiencia y autonomía que la Constitución garantiza a estos Gobiernos.

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN DE SALAMANCA 2018

En 2018 se cumple el octavo centenario de la fundación, por el Rey leonés Alfonso IX, de la Universidad de Salamanca, la más antigua de España y una de las más antiguas de todo el mundo. Las cátedras de Salamanca, en una larga etapa asentada en la libertad de investigación y en la relación fluida con otros centros europeos de la ciencia renacentista, alcanzaron notable prestigio y proyección en el mundo, especialmente en el ámbito latinoamericano.

Por este motivo, en el programa electoral presentado a las elecciones municipales de 2003 el PSOE de Salamanca propuso, para conmemorar ésta efemérides, celebrar una Exposición Internacional en el año 2018. El apoyo a esta iniciativa fue incorporado al programa electoral del PSOE de las elecciones generales de 2004 y el Consejo de Ministros, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ha acordado el pasado 24 de febrero encomendar al Ministerio de Asuntos Exteriores la presentación, ante la Oficina Internacional de Exposiciones, de la candidatura de Salamanca como sede de la Exposición Internacional de 2018 sobre el tema “La educación, la cultura, la ciencia y la tecnología”.

Teniendo en cuenta que esta solicitud tendrá carácter excepcional ya que los reglamentos en vigor exigen que transcurran al menos quince años entre dos exposiciones en el mismo país, estando prevista la celebración en 2008 de una Exposición Internacional en la ciudad de Zaragoza que también fue iniciativa del PSOE, y entendiendo que la celebración del octavo centenario de una de las universidades más antiguas del mundo es un acontecimiento de especial relevancia que merece este reconocimiento internacional, los alcaldes y concejales del PSOE reunidos en la ciudad de Sevilla durante los días 11 y 12 de marzo de 2006 manifiestan su total apoyo al Gobierno de España y a la ciudad de Salamanca para conseguir que en el año 2018 sea sede de una Exposición Universal sobre “la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología”.


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