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San Sebastián, 16 de enero de 2005

Conclusiones de la V Convención Municipal del PSOE

Nuestros Ayuntamientos con Europa: “Sí a la Constitución Europea”
16/01/05
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Hoy más que nunca podemos afirmar que los poderes locales son también la fuerza de Europa.

En el tiempo que nos toca, ninguno de los grandes retos pueden ser afrontados desde los Estados nación. Sólo desde la definición de políticas comunes y desde el acuerdo podemos acumular la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

En este momento es preciso reconocer que los Ayuntamientos españoles, nuestros Ayuntamientos, han contribuido de manera determinante a los procesos de integración europea, a la integración de España en Europa y de Europa en España.

En el nuevo siglo la política territorial debe dar respuesta a los nuevos horizontes de la autonomía local y de su financiación. España no puede ser ajena, los poderes públicos no pueden ser ajenos, a una realidad cada vez más creciente en Europa, “la devolución de poderes hacia lo local”.

Las ciudades, los pueblos, recobran protagonismo como escenario y espacio de la política, en la organización de la democracia y en la solución y respuesta, desde la proximidad a las nuevas necesidades de la humanidad.

La nueva Constitución Europea reconoce el papel de las regiones y las ciudades, consagra la autonomía local y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y otorga un papel activo al Comité de las Regiones, depositando nuevos poderes y también nuevas competencias y responsabilidades en los representantes locales y regionales.

El principio de subsidiariedad es recogido por el texto Constitucional europeo como uno de los principios fundamentales. Está al servicio de los valores de la democracia, de la transparencia, del acercamiento del poder a los ciudadanos y del derecho de éstos a participar en los asuntos públicos. El principio de subsidiariedad supone un reconocimiento a los grupos sociales territoriales, y que las decisiones se tomen lo más cerca posible del ciudadano. Por ello es necesario el protagonismo de nuestros Ayuntamientos. El municipalismo de los próximos años debe de realizar un esfuerzo por “reinventar la política local”, para ser cada vez más útiles a los ciudadanos.

Nuestras  ciudades deben estar implicadas con otras ciudades europeas. El ciudadano español se sentirá europeo si participa en Europa, nada mejor para ello que incrementar la participación de nuestras ciudades en programas europeos, copiar buenas prácticas de otras ciudades y transmitir nuestros buenos ejemplos.

Debemos tener la capacidad de imaginar un nuevo mundo local que posibilite un nuevo mundo a nivel mundial.

La Constitución Europea, al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación. La Unión contribuye a la preservación y el fomento de estos valores comunes dentro del respeto a la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa.

Porque la Constitución Europea supone un paso cualitativo hacia la ciudadanía europea, los socialistas decimos “Sí” a la Constitución Europea, “Sí” a la Constitución de los ciudadanos y ciudadanas europeas.

Un nuevo Gobierno Local

Se están generando en las ciudades cambios políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales, que provocan nuevos problemas y exigen respuestas inteligentes e innovadoras.

Lo urbano y la ciudad se configuran como un escenario político de primera magnitud en donde se despliegan un haz de políticas que requieren una coordinación horizontal y transversal.

La nueva dimensión de los servicios públicos, la vivienda, el impulso de la participación y de la calidad democráticas, el apoyo a nuevas formas de deliberación, interrelación y complicidad ciudadana conocidas como gobernanza, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, el relanzamiento del e-goverment, la justicia de proximidad, la seguridad concebida desde una perspectiva global e integral y las nuevas políticas concertadas, son temas sobre los que existe no sólo una mirada local sino también una respuesta de los Ayuntamientos.

Lo local va a  desempeñar un lugar estratégico en las nuevas políticas sociales concertadas. La universalización de los servicios sociales, o los derechos sociales básicos, así como las políticas de  ayuda a las personas dependientes, encuentran en la ciudad el escenario político y su oportunidad. Algunos modelos han sido anticipados por los gobiernos locales. Políticas sociales como las referidas a la vivienda, a la ayuda a las familias, a los mayores, a los discapacitados, a las personas dependientes, a los niños, a la educación infantil, a la mujer, o a la integración social de inmigrantes, han de constituir una prioridad de actuación en la política socialista de los entes locales.

Hemos de conseguir con nuestras políticas una convergencia del mundo rural con el urbano, desarrollando una política rural de Estado con la participación y colaboración entre el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, comprometida que nos permita impulsar la actividad socioeconómica del medio rural, partiendo desde una política fiscal diferente, desde una financiación local que trate por igual a pueblos y ciudades, y la aprobación de una Ley de Bases para el medio rural, entre otros compromisos. En definitiva, unas políticas singulares para el mundo rural, en una apuesta decidida y firme a favor de los ciudadanos rurales.

Tenemos que “reinventar la forma de hacer política”, innovando ante las nuevas realidades. Pero ello requiere una concertación permanente entre todas las Administraciones, desde la lealtad y la cooperación.

Es el momento de situar la cuestión de los nuevos Gobiernos locales en el centro de las urgencias políticas. Es justo, es conveniente y es una demanda unánime del municipalismo español.

La autonomía local no se ha desarrollado en toda su potencialidad ni al mismo ritmo que el Estado de las Autonomías. Por eso proclamamos que es la hora de los Ayuntamientos y que éstos van a formar parte de la agenda política y territorial de los nuevos tiempos.

El Gobierno del Partido Socialista se propone impulsar en esta legislatura determinadas reformas constitucionales, y junto a esta iniciativa del Gobierno, algunas Comunidades Autónomas están dando pasos decididos para introducir modificaciones en sus respectivos Estatutos.

En este contexto general de las reformas institucionales, se inserta la cuestión pendiente de las propias reformas que afectan al ámbito local. Las cuestiones referidas a su régimen jurídico y a la financiación municipal y provincial.

Nos proponemos impulsar un nuevo modelo de Diputación, con el objetivo de reforzar el carácter municipalista de la institución, pues consideramos que la Diputación no es algo distinto de los municipios, son los propios municipios fortalecidos por su capacidad de trabajar conjunta y solidariamente. Entendemos que debe hacerse una atribución de funciones de subsidiariedad respecto de los pequeños y medianos municipios.

Resulta necesario modificar el papel de las Diputaciones que han de ser entes locales intermedios dedicados a la cooperación local, la mejora del gobierno local y la gestión intermunicipal del territorio. Resituando los servicios impropios y abandonando la práctica del mero reparto de subvenciones sin ningún valor añadido.

En definitiva, las Diputaciones deberán jugar un papel más activo desde la innovación, la formación y las nuevas tecnologías puestas en valor desde parámetros cooperadores que destierren la obsoleta imagen que presentan en la actualidad.

El hecho de que las diputaciones no se hayan desarrollado con plenitud no quiere decir que sean superfluas, ya que están realizando importantes tareas de todo tipo.

Ha llegado el momento de dotar de más contenido a la autonomía política y financiera de nuestras entidades locales.

Ha llegado el momento de acercar competencias y los medios necesarios para afrontarlas. Queremos Ayuntamientos más competentes con más recursos financieros.

Son los Gobiernos Locales, esencialmente, los que hacen visible la descentralización del poder, donde los principios democráticos hacen permeable y cercana a los ciudadanos el valor de la soberanía que depositan en sus Instituciones. Por ello, no es casual que la ciudadanía perciba a sus Ayuntamientos como las instituciones de gobierno mejor valoradas.

Precisamente por la importancia que reconocemos a nuestros Entes Locales, apoyaremos el proceso de institucionalización de la FEMP, e impulsaremos la reforma de su organización, así como del papel y de las relaciones de las Federaciones Territoriales de Municipios, en cuanto máximos órganos de representación del municipalismo de nuestro país.
 
En los próximos años, desde el municipalismo socialista, debemos de ser capaces de diseñar Gobiernos Locales solventes, de proximidad, reforzando los mecanismos de relaciones intergubernamentales. Debemos de ser capaces de configurar ciudades democráticas y participativas, prósperas, sostenibles y saludables, ciudades seguras, abiertas y conectadas.

Para ello proponemos la puesta en marcha de las siguientes medidas:

1) Constitución, impulso y promoción de la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales, como órgano de cooperación y encuentro entre el Gobierno, las CCAA y los Ayuntamientos representados por una delegación de la FEMP, en la que se debe desarrollar la cooperación en los grandes temas que afectan al Gobierno Local.
 
La Conferencia sectorial se constituirá mañana, lunes 17 de enero de 2005, y ponemos en valor dicha iniciativa, como un logro histórico para la cooperación entre las Administraciones Públicas, nunca antes los Ayuntamientos habían tenido un foro de esta naturaleza.

2) Saludamos la presentación del Libro Blanco, y la apertura de un debate público que posibilitará que los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas, la FEMP, las organizaciones municipales y todos los colectivos y entidades interesadas, presenten propuestas.

3) Creación y constitución de una Comisión Mixta, integrada por el Gobierno y la representación de la FEMP para la Reforma de la Financiación Local.

Dicha Comisión deberá analizar el impacto que la Ley de Haciendas Locales reformada en el 2002 ha tenido en los ingresos de los Ayuntamientos, en la perspectiva de acordar conjuntamente los criterios de compensación que, por la eventual perdida de ingresos locales, el Estado haya podido causar en los Ayuntamientos por sus decisiones fiscales. Dicha Comisión analizará y evaluará los resultados, el funcionamiento y la situación de los Planes concertados y Convenios de la Administración del Estado con los Ayuntamientos. En este sentido sería conveniente revisar en profundidad la cooperación económica con los Gobiernos Locales impulsada por el Gobierno de la Nación y por las Comunidades Autónomas.

Asimismo, deberán establecerse las pautas para la mejora de los planes de cooperación local, de subvención al transporte público urbano, y el desarrollo de un plan de ayuda al saneamiento de los pequeños municipios.

4) Incorporación de la representación municipal, a través de la FEMP, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

5) Presentación de una Proposición de Ley de reforma parcial de la LOREG, limitando la presentación de Mociones de Censura en los Ayuntamientos, tal como se acordó por todos los partidos políticos en la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo.

6) Aprobación de la Carta Municipal de Barcelona.

7) Una acción de gobierno para las ciudades.

En España debería asignarse el tema del desarrollo urbano y de la coordinación transversal de las políticas con impacto en las ciudades a un Órgano directivo político-administrativo, en el seno del Gobierno.

Asimismo, debería constituirse una Comisión Interministerial para coordinar las políticas de impacto urbano.

También, deberá ponerse en marcha, en desarrollo de las previsiones de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, tanto el Observatorio Urbano como la Conferencia de Ciudades.

El PSOE apuesta por Madrid como sede olímpica para el 2012.

Finalmente, la Expo de Zaragoza –2008–, debe prepararse y coordinarse con gran atención desde el Gobierno, pues es una prioridad y empresa colectiva, una nueva oportunidad para coordinar políticas y acciones que demuestren no sólo la capacidad y eficiencia de la gestión de España, sino también la imagen de modernidad y competencia de nuestro país. Además la Expo debe servir de catalizador de lo urbano, ejerciendo una fuerza atractiva sobre la importancia de la ciudad y del hecho urbano en la política.

En resumen, entre otras medidas, deberían desarrollarse las siguientes acciones en el ámbito de la política urbana:

a) Impulso de programas de cooperación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, sobre todo y en concreto en los siguientes aspectos:

- Plan concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales con las corporaciones locales.

- Plan de impulso de las Escuelas Infantiles de 0/3 años con la colaboración del Gobierno, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

- Plan de choque de aumento, refuerzo y mejora de los servicios públicos y de las prestaciones sociales básicas, dirigido a los municipios que hayan visto incrementada su población inmigrante en los últimos cinco años, y que hayan alcanzado tasas de población inmigrante superiores al 7%.

- Plan de regeneración y rehabilitación integral de barrios y de espacios urbanos. Los barrios de las ciudades se enfrentan a dificultades múltiples: hábitat degradado, concentración de la población en dificultades, equipamientos mediocres en calidad y en cantidad, etc. La política de la ciudad ha pasado de centrarse sólo en una ordenación urbana y en lucha contra la exclusión, en su concepción social, a una línea marcada también por la ordenación económica.

- Plan de entornos comerciales de calidad urbana

- Programa de embellecimiento urbano

b) Creación de una Comisión Interministerial de ciudades para la coordinación transversal de las políticas urbanas del Gobierno.

c) Un órgano directivo político-administrativo podría ser contemplado como un instrumento posible para la coordinación en el seno del Gobierno de las políticas de la ciudad y las funciones de enlace con las Administraciones Públicas.

d) Constitución de la Conferencia de Ciudades.

e) Creación del Observatorio Urbano.

f) Elaboración de una estrategia territorial española que adapte las propuestas de la estrategia territorial europea a las particularidades de España.

g) Extensión de los consorcios urbanos de transporte a todas las áreas metropolitanas para conseguir un transporte urbano público de calidad y a un precio asequible, lo que favorecerá el aumento de la movilidad y la simultánea reducción   del uso y abuso del vehículo particular y de todos sus inconvenientes. Abordaremos la organización unificada del sistema de transporte en el nivel metropolitano o comarcal a través de la creación de organismos y consorcios con la participación de todas las Administraciones Públicas, entidades públicas y privadas, implicadas. Promoveremos una organización de transporte unificado, una planificación común, una integración tarifaria en todo el ámbito de actuación y una imagen común de todo el sistema de trasporte.

h) La administración General del Estado impulsará la efectiva cooperación de FEVE y de RENFE con los Consorcios de Transportes para la integración de los servicios públicos metropolitanos y regionales.

i) Plan de Eliminación de Barreras Ferroviarias en los entornos urbanos y de operaciones de integración urbanística, mediante la colaboración del Gobierno con los Ayuntamientos afectados y las Comunidades Autónomas.

j) Nueva Ley del Suelo, como instrumento de apuesta por el objetivo de “vivienda para todos”.

Los socialistas renovamos nuestro compromiso de construir un nuevo Gobierno Local para el siglo XXI.


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